Turismo Carretera
#ParanáEngine: Sanción social, retroactiva y expansiva
En psicología se usa el término de sanción social para describir reacciones sociales, ante ciertos comportamientos que, por lo general, son caracterizados como negativos. La mayoría de los comportamientos considerados negativos por una sociedad reciben sanción social, pero no necesariamente una sanción jurídica. Para muchos, es también un método de control social.
Semanas atrás se publicó una serie de listas en las que figuran personalidades involucradas en contratos en inversiones con sociedades offshore. El hecho en sí no está penado, aunque para la sanción social, esos casos pueden ser graves por sus connotaciones. El caso, conocido popularmente como el #PanamáPaper, fue como un reguero de pólvora en todo el mundo.
El Turismo Carretera sufrió un cimbronazo de una magnitud que aún no se puede establecer. El campeón, el ídolo, uno de los grandes referentes del automovilismo de los últimos tiempos, fue encontrado con un motor que no respetaba los parámetros reglamentarios. El impulsor del Ford de Omar Martínez, limitado reglamentariamente en 3210cc, se lo encontró en 3330.
No es el primero y seguramente tampoco será el último en cuestiones técnicas. Pero como todo caso, hay una connotación que envuelve el caso #ParanáEngine. Hace mucho tiempo que en el ambiente teceísta se señala al motor del Gurí como “de otra categoría”. Ese lapso incluye la temporada anterior, en la que el entrerriano logró su segunda corona.
Desde lo legal, no hay dudas de la legitimación de sus logros. No hay por qué poner en duda competencias en las que hubo respectivas revisiones técnicas. Ni siquiera en la fecha anterior, en la que el mismo Martínez se impuso con suma contundencia en La Pampa, ante una ceremonia de control llamativamente relajada y más veloz de lo habitual.
Pero hay “sanciones sociales”. Y en el ámbito del TC, también. Sería de total hipocresía no destacar lo que se advierte en el micromundo de la categoría. Bien podría destacarse que a las autoridades no les tembló el pulso para impartir justicia, caiga quien caiga. Para se supo de una férrea postura de los pilotos (algunos de ellos muy duros) durante el fin de semana en Concordia para solicitar mayor énfasis en los controles. Y a partir de allí, el extremo opuesto a lo vivido en Toay: extensa jornada de revisión, con un parque atestado de autos desarmados y un riguroso control.
El escándalo es mayúsculo. No por lo que establezca objetivamente las autoridades de la Comisión Asesora y Fiscalizadora del Deporte Motor (CAF) en cuanto a las consecuencias por el exceso técnico. Sino por la sanción social que despierta el caso. Basta con escuchar a los que estuvieron en Concordia y leer las redes sociales. Para la sanción social, el caso #ParanáEngine es retroactivo y expansivo. Primero por la sospecha que se despertaba anteriormente sobre un elemento que finalmente es encontrado fuera de los límites establecidos. Lo segundo, porque salpica a los que deben imponer justicia, ya que el caso salió a la luz debido a la postura de los propios pilotos.
